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Florida fue noticia el año pasado cuando el gobernador Ron DeSantis aprobó una ley que permite hasta $12 millones para deportar inmigrantes fuera de Florida. El gobernador DeSantis utilizó más de $1 millón de ese dinero para transportar a 50 inmigrantes desprevenidos desde Texas a Martha’s Vineyard y planeó un segundo vuelo al estado natal de Biden, Delaware (el vuelo fue cancelado luego de intensas críticas y amenazas legales).
El mes pasado, Florida aprobó un proyecto de ley que permite a los funcionarios estatales utilizar recursos estatales para reubicar a inmigrantes dentro de Estados Unidos, independientemente de si han estado en Florida o planean mudarse allí, lo que ha fortalecido aún más su postura de línea dura. La nueva ley reautoriza y amplía el Programa de expulsión de extranjeros no autorizados y formaliza los esfuerzos existentes de Florida para centrarse en las personas que son examinadas y liberadas por las autoridades de inmigración mientras esperan los procedimientos de inmigración.
La nueva ley asigna $10 millones a la Oficina de Manejo de Emergencias de Florida para supervisar la migración durante el año fiscal 2022-2023. Sin embargo, la ley proporciona poca información sobre cómo Florida identifica a las personas para su deportación. Por ejemplo, la ley autoriza a los estados a reubicar a personas consideradas “ilegales”.
Como señalan los grupos que se oponen a la ley, la ley de Florida es inconsistente con la ley federal de inmigración. Una persona considerada indocumentada por un estado puede en realidad ser “admitida” según la ley federal, incluidas aquellas con estatus de protección temporal y permisos de trabajo.
Una disposición clave de la ley permite que el programa recién creado expulse a inmigrantes de cualquier estado.
La disposición pone fin a una demanda del senador estatal demócrata Jason Pizzo, quien argumentó que los pagos por el transporte aéreo de inmigrantes desde Texas a Martha’s Vineyard violaban la ley de Florida. Después de que la legislatura estatal aprobó la ley, un juez dictaminó que la nueva ley hacía que los reclamos de Pizzo fueran discutibles y desestimó la demanda.
Los legisladores que apoyan el programa dicen que es “voluntario”, pero no se considera el hecho de que una persona liberada por las autoridades federales de inmigración todavía debe cumplir con la obligación de comparecer ante un tribunal de inmigración en un lugar específico. Si las autoridades de Florida transfieren a la persona a otro estado, la persona puede creer que el estado está actuando en conjunto con las autoridades federales de inmigración. Esa falsa creencia podría resultar en que la persona no se presente ante el tribunal de inmigración asignado por las autoridades federales de inmigración y se le ordene su deportación.
El lenguaje de la nueva ley de Florida también aborda directamente preocupaciones infundadas sobre el impacto de una “crisis fronteriza” en los floridanos. El proyecto de ley dice que la ley es necesaria para abordar un “aumento” de la inmigración que está aumentando la delincuencia y paralizando el sistema de atención médica.
Estas afirmaciones partidistas sobre la cuestión fronteriza no están respaldadas por hechos. Los estudios muestran que tasas más altas de inmigración están asociadas con tasas más bajas de delitos violentos y contra la propiedad, y que en Florida y otros estados, las contribuciones económicas de los inmigrantes “superan con creces los costos de los servicios públicos adicionales en los que incurren”.
El lenguaje de la ley destaca el impulso de los estados liderados por los republicanos para dictar la política nacional de inmigración. La política de inmigración ha estado durante mucho tiempo bajo el ámbito del gobierno federal, pero los estados están interviniendo cada vez más en la política de inmigración con actos de alto perfil como los vuelos de Martha’s Vineyard.
Desafortunadamente, estas políticas y los fondos utilizados para implementarlas están en conflicto directo con los mejores intereses de cada estado. Estudio tras estudio demuestra que los inmigrantes hacen contribuciones importantes y significativas, tanto como nuevos residentes como como miembros de la comunidad desde hace mucho tiempo. Florida y otros estados que intentan hacer lo mismo están aplicando estas leyes en detrimento de ellos.
Categoría: Florida
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