La saga legal de Ángel del Villar podría sentar un precedente en la música latina. El CEO de la influyente disquera de música regional mexicana Del Records está acusado de hacer negocios con un promotor de conciertos vinculado a carteles de drogas mexicanos.
El juicio en curso contra Del Villar comenzó el 18 de marzo en un tribunal federal en el centro de Los Ángeles y le sigue a una denuncia penal de 2022 en la que se acusó a Del Villar, entre otros, de conspirar para violar la Ley Kingpin, o Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico. Aprobada en 1999, la Ley Kingpin permite a Estados Unidos imponer sanciones específicas a individuos extranjeros involucrados en el tráfico ilegal de drogas y prohíbe a los residentes de Estados Unidos hacer negocios con ellos.
En sus declaraciones de apertura, los abogados de Del Villar argumentaron que el ejecutivo de la música latina fue supuestamente “manipulado” por un exempleado de Del Records que “convenció” a Del Villar de que “todo” lo que la compañía estaba haciendo era “legalmente aceptable”, reportó Rolling Stone.
“Hay algo profundamente erróneo y manipulador sobre cómo se creó e investigó este caso”, dijo la abogada defensora de Del Villar, Marissa Goldberg. “Los que realmente crearon este crimen, quienes lo fabricaron, no están sentados como acusados, lo cual es aún más profundamente erróneo”.
Un momento clave durante el juicio hasta ahora fue cuando el astro de los corridos Gerardo Ortiz subió al estrado el 19 de marzo para testificar contra Del Villar. Ortiz ya se había declarado culpable de un cargo de conspiración por hacer negocios con el promotor de conciertos Jesús “Chucho” Pérez Alvear, vinculado al caso.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos agregó a Pérez a la lista de sanciones en 2018, alegando que él y su empresa habían ayudado a los carteles a “explotar la industria musical mexicana para lavar ganancias del narcotráfico y glorificar sus actividades criminales”. Ortiz testificó que había actuado en la Feria de San Marcos en Aguascalientes, México, en abril de 2018, promovida por Pérez Alvear, incluso después de que éste había sido designado bajo la Ley Kingpin, razón por la cual también fue acusado en el caso.
Del Villar fundó Del Records en 2008 y desde entonces la disquera ha impulsado el movimiento de la música mexicana. De ser declarado culpable de violar la ley, Del Villar enfrentaría una sentencia máxima de 30 años de prisión. A continuación, una cronología de la saga legal de Del Villar: